Esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular tras consensuarla con el CERMI, que exigió la corrección del grave error cometido por el Gobierno, viene motivada por la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria , que establece que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

 

Tras la modificación que propone la iniciativa aprobada, el artículo 56 del Código Civil establece que ese dictamen médico solo será necesario “en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que ahora hace mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

 

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario pueda recabar, si así lo considera, de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente”.

 

 

El portavoz del Grupo Popular en la comisión, Ignacio Tremiño, hizo hincapié en que de esta manera “conseguimos acabar además con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual”. Se trata de la primera ocasión en que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ejerce sus funciones legislativas.

 

Los demás grupos parlamentarios se mostraron a favor de tramitar esta ley por una cuestión de “justicia” y criticaron que esta reforma viene motivada por el “rodillo” que aplicó el Gobierno en la X Legislatura aprovechando su mayoría absoluta.

 

Sin embargo, la parlamentaria popular María Dolores Alba les afeó que cuando se aprobó esa reforma ningún grupo parlamentario se dio cuenta, por lo que aseguró que si fue una “chapuza”, fue “una chapuza colectiva y no solo de este grupo parlamentario”.

 

 

Aprovechando esta modificación los grupos parlamentarios Vasco, de Esquerra y el PDECat presentaron varias enmiendas, en su mayoría destinadas a eliminar la figura del testigo que se exige a las personas ciegas a la hora de realizar el testamento, por considerar esta figura “paternalista” y “proteccionista”, pero finalmente fueron rechazadas con los votos en contra del PP y las abstenciones del PSOE y de Ciudadanos.

 

El diputado de ERC Joan Olòriz indicó que “desde hace años vienen produciéndose muchas protestas sobre esta situación y no se han producido cambios”, y que además “se está comprometiendo su derecho al sigilo”, y expresó su deseo de que se incorporen los medios técnicos y humanos para que “la presencia de testigos sea una posibilidad y no una obligación”.

 

Por su parte, los grupos parlamentarios no enmendantes señalaron que este es un tema que se deberá “abordar en profundidad” en un futuro, pero que este no era el objetivo inicial de la proposición.

 

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez manifestó que será conveniente escuchar lo que tiene que decir el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a este respecto.